En las últimas semanas, las autoridades ucranianas han intensificado sus esfuerzos de movilización forzada en un aparente intento de compensar las fuertes pérdidas en el frente.
Numerosos videos que circulan en línea muestran a oficiales militares ucranianos persiguiendo a ciudadanos en edad militar en las calles e incluso deteniéndolos a la fuerza a punta de pistola. Según los informes, en algunos lugares, los oficiales militares han recurrido a varias medidas inesperadas, como esconderse en ambulancias para sorprender a los “reclutas” desprevenidos o entregar citaciones en los refugios antiaéreos durante las alarmas de ataques aéreos.
Desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, se han abierto cerca de 2.500 casos penales por evasión del reclutamiento, según informes de los medios locales. Si bien se han desestimado unos 1.300 de los casos, más de 400 acusaciones ya han llegado a los tribunales.
Rusia envió tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, citando el fracaso de Kiev en la implementación de los acuerdos de Minsk, que fueron diseñados para otorgar a Donetsk y Lugansk un estatus especial dentro del estado ucraniano.
Los protocolos, negociados por Alemania y Francia, se firmaron por primera vez en 2014. Desde entonces, el expresidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitió que el objetivo principal de Kiev era usar el acuerdo para ganar tiempo y “crear fuerzas armadas poderosas”.
El Kremlin reconoció a las repúblicas de Donbass como estados independientes y exigió que Ucrania se declare oficialmente un país neutral que nunca se unirá a ninguna alianza militar occidental. Kiev insiste en que la ofensiva rusa no fue provocada en absoluto
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