Los fiscales estadounidenses retirarán los cargos de drogas contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos y entregarán la investigación a México, diciendo que las consideraciones “sensibles” de política exterior superaron el interés en presionar el caso.
La sorpresiva decisión de desestimar los cargos en el caso políticamente explosivo fue anunciada en un comunicado conjunto el martes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la oficina del fiscal general de México.
“Estados Unidos ha determinado que las consideraciones sensibles e importantes de política exterior superan el interés del gobierno en perseguir el enjuiciamiento del acusado”, dijeron fiscales del Distrito Este de Nueva York de Estados Unidos en un documento judicial revelado el martes.
Las autoridades estadounidenses dijeron que el ex general de 72 años, acusado de usar su poder para proteger a una facción del cartel de drogas Beltrán-Leyva en México mientras ordenaba operaciones contra sus rivales, había aceptado regresar voluntariamente a México si el caso de Estados Unidos contra él fuera expulsado.
Cienfuegos, quien se desempeñó como jefe de las fuerzas armadas y fue el principal funcionario de defensa del expresidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, se declaró inocente a principios de este mes de los cargos de tráfico de drogas y conspiración de lavado de dinero luego de su arresto en octubre en el aeropuerto de Los Ángeles.
Después de una audiencia el miércoles en un tribunal federal de Brooklyn, donde se espera que el juez apruebe la solicitud de los fiscales, es probable que Cienfuegos sea regresado a México bajo la custodia de un alguacil estadounidense, según muestran los documentos judiciales.
“Mañana se hará justicia”, dijo Edward V. Sapone, abogado de Cienfuegos con sede en Estados Unidos, en un breve comunicado.
El arresto de Cienfuegos, quien durante años trabajó en estrecha colaboración con sus homólogos estadounidenses en asuntos penales transfronterizos y fue una figura destacada en la guerra contra las drogas en México, puso una gran tensión en los lazos de seguridad entre los dos países.
El gobierno mexicano no fue advertido de la investigación o arresto, que enfureció la sensibilidad mexicana al más alto nivel. Su arresto conmocionó al establecimiento de seguridad de México, dados sus estrechos vínculos con una serie de altos funcionarios actuales.
En represalia, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenazó públicamente con revisar los acuerdos de cooperación que establecen cómo operan los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos en el país.
Las amenazas desencadenaron una serie de llamadas frenéticas entre el Fiscal General de los Estados Unidos, Barr, el administrador interino de la DEA, Timothy Shea, y funcionarios mexicanos que buscaban calmar las tensiones bilaterales sobre el caso.
En declaraciones a los periodistas poco después del anuncio, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, describió el abandono del caso estadounidense como sin precedentes y como una señal de respeto tanto por la soberanía mexicana como por el ejército mexicano.
Ebrard dijo que la decisión significa que la cooperación de seguridad entre las dos naciones podría continuar.
La noticia del abrupto revés de los fiscales estadounidenses provocó una ola de reacciones cínicas de los analistas de seguridad, que en su mayoría expresaron pesimismo de que las autoridades mexicanas lograran probar los crímenes de los que se acusaba a Cienfuegos en Estados Unidos.
Ebrard dijo que el Departamento de Justicia había proporcionado a las autoridades mexicanas pruebas en el caso y se comprometió a apoyar la investigación dirigida por las autoridades mexicanas.
