Desde 1993, EEUU ha gastado 3.4 mil millones de dólares en desminar las antipersonas en Medio Oriente y parte de Asia, donde civiles han muerto por los remanentes de la Guerra de Vietnam. También ocurre lo mismo en las islas de Kaho’olawe en Hawái y de Vieques en Puerto Rico.
Producto de las minas, según la misma organización, se registraron casi 7 mil muertos y heridos, de los cuales el 71% eran civiles (54% eran infantes). El conteo global llega a 130 mil bajas desde que se mantiene el registro desde 1999, incluyendo 90 mil sobrevivientes.
La administración Trump, que había prometido terminar con “las guerras interminables” de EEUU, adopta armas prohibidas por 164 países, listas para ser usadas por el Pentágono: bombas de racimo, minas antipersona, entre otros, se han incluido en el arsenal del Pentágono. En 1997, más de 120 países firmaron la Convención de Ottawa, prohibiendo las minas antipersona. EEUU no firmó aquel acuerdo.
Este tipo de explosivos desmiembran y matan a civiles indiscriminadamente. El Pentágono se ha reservado el derecho de manifestar dónde y por qué estas armas serían usadas.
Esta nueva política tiene la intención “de proveer a los comandantes en el terreno municiones no perecederas que son necesarias para el éxito de misiones en contingencias extremas o circunstancias excepcionales”, según el portavoz del Pentágono.
En noviembre de 2017, se anuló un memo de 2008 con el que se suspendieron del arsenal oficial las minas antipersona y las llamadas armas “de negación de área”, luego de que la administración Trump analizara la anexión de Crimea a la Federación Rusa vía referéndum.
Dichas armas, creadas para luchar contra la Unión Soviética en una hipotética Tercera Guerra Mundial, eran propensas a fallas y ganaron infamia por haber asesinado y herido a miles de civiles e incluso soldados estadounidenses en conflictos, como en la Guerra del Golfo en 1991.
